Trump firma decreto para sancionar a ciudades que no cooperen con autoridades migratorias
El presidente estadounidense busca frenar el respaldo de las llamadas “ciudades santuario” a comunidades migrantes mediante medidas legales y financieras.
EE. UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto que permitirá penalizar a las ciudades del país que se nieguen a colaborar con los agentes de inmigración, calificando su falta de cooperación como un acto de insurrección.
La orden ejecutiva instruye a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a elaborar un listado oficial de las conocidas “ciudades santuario”, aquellas jurisdicciones que, según el Gobierno, dificultan la implementación de la ley migratoria federal.
Una vez identificadas estas localidades, Trump ordenó a ambos departamentos iniciar acciones legales en su contra. Entre las medidas contempladas está la suspensión de fondos federales dirigidos a esas ciudades como forma de presión para que modifiquen su postura.
En el documento, firmado desde la Oficina Oval, el mandatario acusó a dichas ciudades de fomentar una “insurrección ilegal” por no colaborar con las agencias migratorias del país. La Casa Blanca sostiene que estas políticas ponen en riesgo la seguridad nacional.
Sin embargo, los gobiernos locales y diversas organizaciones defensoras de los derechos migrantes han señalado que estas medidas protegen el vínculo entre las fuerzas del orden y las comunidades migrantes, ya que permiten denunciar delitos sin temor a ser deportados.
Cabe recordar que, según la ley estadounidense, residir en el país sin papeles no constituye un delito penal, sino una infracción de carácter civil. No obstante, la administración Trump ha buscado endurecer esta interpretación mediante nuevas normativas.
Junto a este decreto, el presidente firmó también otra orden ejecutiva dirigida a reforzar la autoridad de los cuerpos de seguridad. El texto pide eliminar restricciones legales que limitan su accionar y proporcionarles armamento militar y apoyo legal ante denuncias de abuso.
Como parte de su estrategia, el Gobierno ha impulsado la firma de acuerdos entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permitiendo a policías arrestar migrantes. ICE ha confirmado la existencia de más de 456 convenios de este tipo.
