Expertos internacionales piden la modificación de varias leyes clave, incluida la amnistía política 2.0, para garantizar la efectividad del mecanismo anticorrupción.
Un equipo de expertos (EdE) de las Naciones Unidas ha presentado una serie de recomendaciones cruciales para que Honduras pueda implementar un mecanismo anticorrupción efectivo, como parte de los compromisos adquiridos en el Memorándum de Entendimiento firmado entre el gobierno hondureño y la ONU. Según un informe confidencial al que tuvo acceso Proceso Digital, se requiere la modificación y derogación de varias leyes, incluidas aquellas que afectan la amnistía política 2.0, el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y la inmunidad de los altos funcionarios y diputados.
Los expertos de la ONU destacaron que, aunque la creación de la CICIH no requiere una reforma constitucional, sí es esencial realizar modificaciones a la legislación existente para permitir su implementación efectiva. Entre las reformas más urgentes se encuentra la derogación del artículo 8 del Decreto 04-2022, que establece que la selección de los integrantes de la CICIH debe ser realizada por el Estado de Honduras, con una propuesta de las Naciones Unidas. Los expertos enfatizan que la independencia y autonomía del mecanismo internacional deben ser garantizadas para que este pueda operar de manera imparcial y sin interferencias externas.
Reformas al Código Procesal Penal y Derogación del Pacto de Impunidad
Uno de los puntos clave en el informe es la recomendación de modificar el Código Procesal Penal (CPP) para permitir que la CICIH actúe como querellante en casos de corrupción, delitos económicos y crimen organizado. Esto permitiría que el mecanismo internacional pueda intervenir en los casos de corrupción de manera autónoma y sin la intervención directa del Ministerio Público (MP), garantizando su capacidad para iniciar procesos penales o acompañar investigaciones en curso.
Además, los expertos de la ONU insisten en la derogación del artículo 4 del Decreto 04-2022, que cubre los delitos amnistiados bajo lo que se conoce como el «Pacto de Impunidad 2.0». Este pacto ha sido criticado por permitir la amnistía para delitos que no están directamente relacionados con la política. Los expertos consideran que esta amnistía debe limitarse solo a los delitos estrictamente políticos o conexos con actos políticos, y recomiendan la derogación completa de este artículo.
Derogaciones Importantes para Combatir la Impunidad
El informe también hace énfasis en la necesidad de eliminar otras leyes que, según los expertos, obstaculizan la lucha contra la corrupción y protegen a los funcionarios públicos de responsabilidades legales. Una de estas leyes es el Decreto 116-2019, que otorga exención de responsabilidad penal, administrativa y civil en relación con la ejecución de los «fondos departamentales». Los expertos advierten que este decreto introduce incertidumbre jurídica, ya que permite a los diputados invocar su nulidad o inconstitucionalidad, lo que podría interferir con futuras investigaciones.
En cuanto a la inmunidad parlamentaria, los expertos sugieren la derogación del Decreto 117-2019, que otorga inmunidad a los diputados por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones legislativas. Esta ley es vista como una «amnistía general anticipada» que socava el régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos y dificulta las investigaciones sobre corrupción dentro del poder legislativo.
Propuesta de Reformas Institucionales para la CICIH
Para garantizar el éxito del mecanismo anticorrupción, el informe también sugiere una serie de reformas institucionales adicionales. Entre estas, se destaca la creación de circuitos especiales de jueces para casos de alta complejidad relacionados con la corrupción, los delitos financieros y económicos, y los actos ilícitos cometidos por estructuras de poder. Los expertos consideran que estos circuitos judiciales son fundamentales para manejar los casos de corrupción de alto impacto de manera eficiente.
Asimismo, recomiendan que el Ministerio Público establezca una Unidad Fiscal de Casos de Alta Complejidad, para fortalecer la capacidad del Estado en la persecución de delitos de gran magnitud relacionados con la corrupción.
El informe también incluye 26 acciones necesarias para la implementación exitosa de la CICIH, de las cuales apenas tres han sido cumplidas, dejando pendientes 23 tareas cruciales. Los expertos subrayan la urgencia de avanzar en estos cambios para garantizar que el mecanismo anticorrupción sea efectivo y pueda operar de manera independiente, imparcial y con los recursos necesarios para atacar la corrupción en todos los niveles del gobierno.
En resumen, la implementación de la CICIH en Honduras depende de una serie de reformas y derogaciones legales clave, especialmente en relación con la amnistía política y la inmunidad parlamentaria. Los expertos de la ONU han dejado claro que, aunque no se necesita una reforma constitucional, sí es imprescindible realizar cambios en las leyes existentes para garantizar que el mecanismo anticorrupción funcione de manera efectiva y sin interferencias políticas.
