Gabriela Castellanos denuncia manipulación política y riesgo democrático en Honduras
La directora del CNA alerta sobre caos institucional y maniobras que podrían afectar la transparencia electoral en las elecciones de noviembre.
Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, publicó un análisis titulado “Disculpen mi castellano: Manual del caos”, donde describe un panorama de descomposición institucional que pone en riesgo la democracia hondureña de cara a los comicios del 30 de noviembre.
Según Castellanos, el país avanza sin rumbo claro, con un Congreso Nacional, un CNE y un Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que operan bajo intereses políticos y decisiones arbitrarias. “El Congreso juega a la ruleta rusa con decretos quiméricos, el CNE se devora a sí mismo a dentelladas de boicot interno, y el TJE hace equilibrio en la cuerda floja mientras abajo hierven los partidos”, señala la directora.
La experta advierte que este desorden no es accidental, sino resultado de una ingeniería del caos diseñada para mantener el poder en manos de quienes ya lo ostentan. Además, denunció que dentro del CNE existen obstrucciones internas, amenazas y maniobras que comprometen la transparencia del proceso electoral.
Otro foco de preocupación es la participación de las Fuerzas Armadas, que, según Castellanos, no solo custodian el material electoral, sino que pretenden acceder a copias de las actas de cierre para realizar su propio conteo. “Quien cuenta, narra; y quien narra primero, fabrica realidad y declara ganador a su líder al mediodía”, advirtió, resaltando que el voto y el escrutinio deben permanecer exclusivamente civiles.
Castellanos también alertó sobre el uso político del espionaje y la intervención de comunicaciones, recordando que la ley exige control judicial. “Intervenir sin orden es delito; hacerlo en clave política es un crimen contra la democracia”, enfatizó.
Finalmente, señaló que los errores en la transmisión de resultados, fallas técnicas y acciones judiciales contra funcionarios incómodos forman parte de una estrategia calculada para minar la confianza ciudadana. “Cada falla, cada silencio, cada citatorio oportuno es una partitura ensayada para que la duda sea política de Estado”, concluyó.
