El Ministerio Público y la ministra de Salud, Carla Paredes, descartan vínculos de la hermana de la presidenta Xiomara Castro, mientras persisten las denuncias de un saqueo millonario que pone en duda la transparencia del gobierno.
El escándalo de las planillas fantasmas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha destapado graves irregularidades, mientras el Ministerio Público parece actuar como cómplice del gobierno en lugar de garantizar justicia. La ministra de Salud, Carla Paredes, ha defendido a Ana Castro, hermana de la presidenta Xiomara Castro, a pesar de las acusaciones que la vinculan con el millonario saqueo.
Conocido como el “Planillazo”, este caso involucra el desvío de más de 100 millones de lempiras hacia personas inexistentes. Sin embargo, la ministra asegura que el expediente está “concluido en un 90 %” y que Ana Castro ha sido exonerada por el Ministerio Público. “Quedó absolutamente descartado”, afirmó Paredes, respaldándose en una constancia que, para muchos, refleja el sesgo de las autoridades judiciales a favor del gobierno.
¿Minimización intencional del daño?
Mientras tanto, Samuel Zelaya, de la comisión interventora del IHSS, redujo las denuncias iniciales de 100 millones a tan solo 7 millones de lempiras, atribuidos a 20 falsos médicos. Este cambio drástico genera sospechas sobre una estrategia para minimizar la gravedad del caso.
La ministra, por su parte, ha intentado desviar la atención calificando de “sacadas de contexto” las acusaciones sobre contrataciones masivas en el IHSS. Aunque negó la incorporación de 5,200 empleados, admitió contrataciones administrativas, pero sin dar cifras concretas, lo que ha levantado más cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión.
¿Protección a la familia presidencial?
El respaldo del Ministerio Público y el esfuerzo del gobierno por desvincular a Ana Castro del escándalo son vistos por diversos sectores como un claro encubrimiento. Las declaraciones de Paredes y la falta de avances concretos en el caso han reforzado la percepción de que el aparato estatal está más enfocado en proteger a la familia presidencial que en castigar a los responsables.
Mientras el IHSS continúa enfrentando problemas estructurales, el pueblo hondureño sigue pagando las consecuencias de la corrupción y la incompetencia gubernamental. ¿Será este otro ejemplo de impunidad en un sistema de justicia que parece trabajar al servicio del poder? La respuesta dependerá de la presión pública y la capacidad de exigir rendición de cuentas a las autoridades.
