El fiscal general amenaza con enfrentarse a la Corte Suprema de Justicia mientras la sospecha de que actúa como un instrumento del gobierno gana fuerza. ¿Justicia independiente?
Tegucigalpa, Francisco Morazán .-. El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, elevó la temperatura política y judicial con declaraciones que suenan más a amenazas que a argumentos legales. En un tono desafiante, aseguró que está dispuesto a «enfrentar» a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para acelerar expedientes, dejando entrever que la justicia en Honduras está secuestrada por la lentitud y los intereses oscuros de algunos magistrados.
Sin embargo, lo que debería ser una cruzada por la transparencia ha levantado serias dudas: ¿es Zelaya un brazo ejecutor del partido de gobierno o un funcionario sumiso que simplemente juega al héroe en un sistema podrido?
“Justicia para unos pocos”
Zelaya, en declaraciones que parecían más dirigidas a una audiencia política que a un pueblo ávido de justicia, criticó la pasividad de la CSJ. Pero su insistencia en negar una “persecución política” no convence a muchos, ya que su tono desafiante contradice sus afirmaciones. “La historia nos juzgará”, dijo, como si anticipara una respuesta polémica a su actuar.
Además, reveló que hay investigaciones abiertas contra dos magistrados de la CSJ, aunque su discurso careció de detalles concretos, aumentando las especulaciones sobre si estas acciones son un arma política disfrazada de justicia.
Un fiscal “molesto” pero sin nombres
A pesar de hablar de una «lluvia» de requerimientos fiscales, Zelaya evitó dar nombres o señalar casos específicos, lo que levanta sospechas sobre si está protegiendo a ciertos sectores. Mientras tanto, los hondureños siguen esperando justicia por los escándalos de corrupción durante la pandemia de COVID-19, que Zelaya calificó como “actuaciones erráticas” de funcionarios, sin mencionar responsables directos.
El dilema: ¿diamante en bruto o instrumento político?
Tras su reunión con la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, Zelaya aseguró que cuentan con su colaboración para acelerar procesos penales. Sin embargo, su insistencia en no «proteger a nadie de ningún partido político» contrasta con la percepción de muchos sectores que lo ven como un fiscal al servicio de intereses gubernamentales.
Zelaya ha encendido una llama peligrosa. ¿Es un valiente fiscal enfrentando a los poderosos o un instrumento político que apunta a la oposición mientras calla ante las irregularidades del gobierno? Los hondureños observan con escepticismo mientras las sombras de la desconfianza se ciernen sobre un Ministerio Público que dice buscar justicia, pero camina entre sospechas.
