Consejeras del CNE entregan informes que revelan fallas en transporte de urnas durante primarias
Cossette López y Ana Paola Hall presentaron al Ministerio Público dos auditorías forenses que responsabilizan al excoordinador del proyecto de transporte y a las Fuerzas Armadas por los retrasos en la entrega del material electoral el 9 de marzo.
Tegucigalpa, Honduras- Lo que debía ser una jornada democrática ordenada, se convirtió en una carrera contra el tiempo. Más de un mes después de las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) comienza a esclarecer el caos logístico que marcó ese día. Las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall presentaron este jueves dos informes forenses que documentan graves irregularidades en el transporte de las urnas, señalando responsabilidades tanto dentro como fuera de la institución.
Los informes, entregados al Ministerio Público, detallan cómo muchas urnas salieron puntualmente del centro logístico del CNE, pero misteriosamente fueron vistas por horas estacionadas en distintas colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, hasta que personal del Consejo logró interceptarlas y redirigirlas. Para entonces, cientos de votantes ya habían esperado demasiado.
“Entregamos 1,168 folios y un disco duro de 1TB con pruebas técnicas contundentes. Buscamos transparencia, no encubrimiento”, declaró la consejera López al salir de una reunión de más de dos horas y media con seis fiscales, agentes de la ATIC y auditores.
Los documentos incluyen el “Informe de Auditoría Forense sobre los procesos de contratación del CNE” y una auditoría específica sobre la entrega del material electoral en 327 centros de votación del Distrito Central. Ambos informes apuntan directamente al entonces coordinador del Proyecto de Transporte, Joel Ramos García, quien otorgó el contrato a la empresa Ingeniería Logística y Transporte sin cumplir los protocolos establecidos.
Pero la investigación no termina en el ámbito civil. En una de sus conclusiones más contundentes, el informe responsabiliza también a las Fuerzas Armadas, quienes según la Constitución tienen la misión de resguardar y garantizar el traslado seguro del material electoral. La auditoría señala que las FF.AA. no cumplieron con ese mandato, permitiendo una interrupción “injustificada, ilegal y arbitraria” del proceso.
“Fue evidente la puesta en riesgo del proceso electoral por parte de las Fuerzas Armadas”, reza el informe.
La comparecencia de las consejeras no pasó desapercibida. Militantes de los partidos Nacional y Liberal se apostaron a las afueras del hotel donde se realizaba la reunión, expresando su respaldo a López y Hall, quienes se ampararon además en el artículo 88 de la Constitución que protege a los funcionarios en el ejercicio de su defensa.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones. El país observa atento, esperando que la verdad no se retrase tanto como las urnas.
