Educación restringe acceso de padres a escuelas por motivos de seguridad
La Secretaría de Educación limita la entrada a centros educativos a estudiantes y docentes, generando inquietud entre los padres.
Tegucigalpa, Honduras- La Secretaría de Educación ha implementado una nueva normativa que prohíbe la permanencia de padres de familia en las instalaciones de escuelas y colegios públicos, permitiendo el acceso únicamente a estudiantes y personal docente.
Con el objetivo de reforzar la seguridad en los centros educativos, la Secretaría de Educación emitió el oficio número 0081-DSE-2025, en el cual se establece la prohibición de la presencia de personas ajenas a la comunidad escolar dentro de las instalaciones. El ministro de Educación, Daniel Enrique Esponda, firmó el documento que señala: «En virtud de garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de los espacios destinados para las actividades educativas, queda terminantemente prohibida la presencia de personas ajenas a la comunidad escolar dentro de las instalaciones del centro educativo».
Esta medida obliga a los padres que deseen esperar a sus hijos a hacerlo fuera de las instalaciones educativas. La circular fue enviada a las direcciones departamentales, municipales, distritales y a todos los centros educativos, iniciando así la aplicación de la nueva normativa.
La decisión ha generado diversas reacciones entre los padres de familia, quienes expresan preocupación por la seguridad en los alrededores de las escuelas. Según el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2019 y 2022, un total de 1,798 niños, niñas y adolescentes fueron desplazados de manera forzada o se encontraron en riesgo de desplazamiento debido a amenazas, asesinatos y extorsión, en su mayoría perpetrados por maras y pandillas.
Los padres, que a menudo desempeñan funciones informales de vigilancia en las inmediaciones de los centros educativos, temen que la prohibición de su presencia dentro de las escuelas aumente la vulnerabilidad de sus hijos ante posibles situaciones de riesgo.
Además, esta problemática no solo afecta a los estudiantes y sus familias, sino también al personal contratado en los centros educativos. Un ejemplo claro es lo que se vive en el Instituto Central Vicente Cáceres, donde los guardias de seguridad y el personal de limpieza se han declarado en calamidad doméstica debido a la falta de apoyo por parte de la Secretaría de Educación.
Mientras las autoridades educativas sostienen que la medida busca garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje, los padres de familia solicitan que se implementen estrategias complementarias que aborden la seguridad tanto dentro como fuera de los centros educativos, asegurando así la protección integral de los estudiantes.
