Exagentes de la Policía Nacional condenados por secuestro y allanamiento ilegal
Orlin Antonio Ortez Fúnez y Janssen Francisco Velásquez Cabrera recibirán penas de prisión tras ser hallados culpables de secuestrar a un testigo protegido y exigir un rescate de 70,000 lempiras.
Dos exintegrantes de la Policía Nacional han sido condenados a largas penas de prisión por su participación en un caso de secuestro agravado y allanamiento ilegal. Orlin Antonio Ortez Fúnez, exsubinspector de policía, y Janssen Francisco Velásquez Cabrera, excadete, fueron sentenciados por un Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. La condena fue de 18 años para Ortez Fúnez y 14 años para Velásquez Cabrera, quienes deberán cumplir sus sentencias en el Centro Penal de Támara, en el departamento de Francisco Morazán.
El suceso que llevó a la condena ocurrió el 4 de junio de 2022, cuando los exagentes ingresaron de forma ilegal a la casa de un testigo protegido, sin contar con una orden judicial. En su intento de obtener información sobre un supuesto dinero en la vivienda, sometieron a la víctima, la sacaron por la fuerza y la trasladaron a un lugar desconocido, manteniéndola secuestrada por varias horas.
Tras el secuestro, los agresores contactaron a la esposa del secuestrado y exigieron un pago de 100,000 lempiras para liberarlo. Luego de negociaciones, la familia consiguió reducir la cantidad a 70,000 lempiras, dinero que fue entregado a los secuestradores como condición para la liberación de la víctima.
El caso fue investigado por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), que logró identificar a los responsables y capturarlos. Gracias a la labor de las autoridades y las pruebas recolectadas, se pudo esclarecer el secuestro y llevar a juicio a los exagentes de policía, quienes fueron finalmente condenados por sus delitos.
Además, se debe destacar que tres personas más, que también participaron en el secuestro, ya habían sido sentenciadas en un juicio previo. Este caso subraya la importancia de combatir la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y garantizar que los responsables de delitos como este enfrenten las consecuencias de sus actos.
