Gobierno no ha ejecutado ni el 1% del presupuesto destinado a vivienda en 2025
La alarmante falta de ejecución de fondos públicos golpea a miles de hondureños que viven sin acceso a una vivienda digna.
Tegucigalpa, Honduras- A pesar de contar con una asignación presupuestaria destinada a enfrentar el creciente déficit habitacional, el Gobierno hondureño ha ejecutado menos del 1% de los fondos asignados al sector vivienda, generando críticas por la falta de acción ante una de las problemáticas sociales más urgentes del país.
La revelación del bajo nivel de ejecución presupuestaria en el sector vivienda ha provocado indignación en diversos sectores sociales y académicos. Según cifras oficiales, el Gobierno central apenas ha utilizado una fracción mínima del presupuesto aprobado para el presente año, a pesar de que miles de familias viven en condiciones precarias.
Honduras enfrenta un déficit habitacional que afecta a más de un millón de familias, muchas de las cuales viven en asentamientos informales, casas improvisadas o estructuras sin condiciones mínimas de salubridad y seguridad.
Especialistas en políticas públicas advierten que esta inacción podría obedecer a múltiples factores, entre ellos la burocracia estatal, la falta de planificación estratégica o, peor aún, el desinterés institucional en atender una necesidad básica de la población.
“Es inconcebible que en un país con tanta necesidad de vivienda, los fondos destinados para resolver ese problema permanezcan intactos”, lamentó un experto en desarrollo urbano que prefirió no ser identificado.
Organizaciones de sociedad civil y defensores del derecho a la vivienda han instado al Gobierno a rendir cuentas y adoptar medidas urgentes para poner en marcha proyectos habitacionales que impacten positivamente en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, miles de hondureños continúan a la espera de una solución que les garantice acceso a una vivienda digna, segura y permanente, mientras el presupuesto destinado a este fin permanece prácticamente sin uso.
El llamado de atención no solo es para el Poder Ejecutivo, sino también para los entes fiscalizadores que deben velar por la correcta utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de las políticas sociales en beneficio de la población.
