Investigan a 21 empleados del Poder Judicial por presunta sustracción de documentos
Una investigación interna del Poder Judicial de Honduras ha revelado irregularidades en más de 21 expedientes, incluyendo casos de divorcios y demandas de alimentos, presuntamente manipulados por jueces y servidores judiciales de Francisco Morazán.
Tegucigalpa, Honduras- El Ministerio Público (MP) ha abierto una investigación formal contra 21 empleados del Poder Judicial de Honduras, incluyendo jueces y otros trabajadores de la institución, tras descubrirse la presunta sustracción de documentos importantes de casos judiciales. La denuncia surgió en los Juzgados de Letras de Familia en el departamento de Francisco Morazán, especialmente relacionados con procesos de divorcio, demandas de alimentos y otros casos familiares.
Según la supervisora general del Poder Judicial, Sandra Rodríguez, la revisión interna de los expedientes reveló irregularidades en más de 21 casos, algunos de los cuales contienen documentos que fueron manipulados o desaparecieron de los archivos. Estos expedientes corresponden a casos ocurridos entre 2024 y principios de 2025, lo que ha alarmado a las autoridades judiciales.
La alerta fue emitida por la nueva coordinadora de los juzgados, Deris Padilla, quien señaló que los documentos involucrados en los casos estaban desapareciendo de manera sistemática. Tras esta denuncia, las autoridades judiciales decidieron tomar medidas y entregaron los expedientes al Ministerio Público para que se realice una investigación más profunda sobre las personas involucradas en este hecho.
Rodríguez también expresó su preocupación por la falta de control en algunos de los juzgados y destacó la necesidad de implementar mejores mecanismos de transparencia para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. A pesar de la gravedad de la situación, los empleados bajo investigación no serán suspendidos hasta que se concluya con el proceso de indagación, de acuerdo con las normativas del Poder Judicial.
El caso ha causado revuelo tanto entre los ciudadanos como dentro del mismo ámbito judicial, ya que pone en duda la imparcialidad y la integridad del sistema judicial del país. Los casos afectados por la manipulación de documentos podrían tener repercusiones legales graves, tanto para los involucrados como para el sistema judicial en general.
El Poder Judicial ha reiterado su compromiso con la transparencia y ha solicitado que se aceleren las investigaciones para determinar si se trató de un caso aislado o si existe una red más amplia de corrupción dentro del sistema. Además, se han hecho llamados a reforzar los controles internos y mejorar los procedimientos de verificación en los archivos judiciales.
La situación también ha generado cuestionamientos sobre la seguridad de los documentos en las instituciones públicas de Honduras y la necesidad de una mayor digitalización y monitoreo de los expedientes para garantizar que estos no puedan ser alterados o sustraídos sin dejar rastros.
