Murray Paul Farmer presenta segundo caso ante EE. UU. para investigar a funcionario de LIBRE por traslado irregular de hondureña embarazada
La denuncia involucra el uso de influencia política para facilitar migración irregular, lo cual está siendo evaluado bajo legislación estadounidense.
El empresario y activista Murray Paul Farmer confirmó en las últimas horas que presentó un segundo caso ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de una revisión en curso que busca la inclusión de funcionarios hondureños en la Lista Engel. La denuncia se dirige contra el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, a quien señala de haber facilitado el traslado irregular de su expareja Alejandra Bustillo a territorio estadounidense.
“Gracias hondureños y gracias al internet, ya tengo el segundo caso presentado para investigación internacional”, escribió Farmer en su cuenta de X, acompañado de detalles sobre la nueva solicitud legal que involucra a una figura clave del partido LIBRE.
De acuerdo con el informe presentado, Bustillo fue enviada a Estados Unidos con la ayuda de un coyote, lo cual constituye un delito federal bajo la legislación estadounidense, específicamente bajo las secciones 8 U.S.C. § 1324 (relacionada con el tráfico de personas) y 18 U.S.C. § 1590 (trata internacional de personas).
La denuncia añade que la señora Bustillo estaba embarazada al momento del viaje, lo que agrava la situación y convierte el caso en una violación a los derechos humanos, al poner en peligro la vida de una mujer en estado de vulnerabilidad y la del hijo que llevaba en su vientre.
Farmer subraya que esta denuncia no tiene motivaciones políticas, sino que responde a la necesidad de hacer valer la legalidad y la protección a personas vulnerables, dentro del marco de las normas internacionales.
“Esto no se trata de colores políticos. Se trata de responsabilidad, legalidad y respeto a los derechos humanos”, puntualizó el denunciante.
La solicitud ya está en manos de las autoridades estadounidenses, quienes deberán valorar si existe mérito suficiente para abrir una investigación formal y aplicar sanciones bajo el marco de la Lista Engel, que prohíbe el ingreso a EE. UU. y congela bienes de actores corruptos o antidemocráticos de la región.
