La Hermandad de la Fuerza Aérea y la Asociación de Oficiales Retirados califican las acciones del Ministerio Público como «deleznables» y convocan a un plantón en solidaridad
Tegucigalpa, Francisco Morazan .-. La captura de tres generales en condición de retiro, acusados de homicidio y lesiones graves en el marco del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, ha desatado una ola de reacciones entre sectores militares y civiles. Las detenciones afectan al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez; al exsubjefe de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes; y al excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto.
Tanto la Hermandad de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) como la Asociación de Oficiales en Retiro emitieron comunicados enérgicos condenando las acciones del Ministerio Público (MP). Los grupos castrenses consideran que estas detenciones representan una violación de derechos legales y señalan que los procedimientos judiciales están siendo utilizados con fines que, según ellos, van más allá del cumplimiento de la ley.
En un comunicado oficial, los excomandantes generales y oficiales retirados de la FAH calificaron como «deleznables» las acciones de la Fiscalía, alegando que se han ignorado evaluaciones forenses y procedimientos legales pertinentes. Según el documento, estas medidas judiciales no solo afectan a los acusados, sino que también ponen en riesgo la estabilidad institucional del país.
Por su parte, la Asociación de Oficiales en Retiro expresó su rechazo categórico a las detenciones, señalándolas como una “clara demostración de intenciones políticas que amenazan con llevar al país hacia una situación similar a la de otras naciones latinoamericanas que han caído en la desesperación y el caos”.
Además de emitir comunicados, estas organizaciones han convocado a un plantón en apoyo a los tres generales, programado para el próximo viernes 10 de enero a las 12:30 del mediodía. El acto coincidirá con la audiencia preliminar de los acusados, que se realizará en los tribunales de la capital hondureña. “En la unión está la fuerza, todos a apoyar a los compañeros militares”, afirma uno de los apartados del documento divulgado por la Asociación de Oficiales en Retiro.
Los tres militares retirados fueron capturados el pasado domingo 5 de enero y presentados a una audiencia de declaración de imputado, tras la cual fueron enviados a la Penitenciaría Nacional bajo estrictas medidas de seguridad. El Ministerio Público los acusa de los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo Mencías y lesiones graves contra Alex Roberto Zavala Licona, hechos ocurridos durante las movilizaciones sociales derivadas del golpe de Estado de 2009.
Mientras tanto, los apoderados legales de los imputados preparan su defensa argumentando, entre otros aspectos, la prescripción de algunos de los delitos imputados. Según declaraciones del abogado Fernando Gonzales, defensor de dos de los acusados, “el delito de lesiones ya prescribió, y trabajaremos para desvirtuar cada uno de los argumentos presentados por el Ministerio Público”.
El caso ha encendido el debate en la sociedad hondureña sobre los alcances de la justicia en delitos relacionados con el contexto político, la responsabilidad de las instituciones y los derechos de los acusados. A medida que se aproxima la fecha de la audiencia inicial, la atención nacional está puesta en los tribunales, que decidirán los próximos pasos en este proceso de alta relevancia histórica y jurídica para el país.
