A pesar del incremento presupuestario, la seguridad y la justicia siguen siendo una deuda pendiente en Honduras
El informe de la ASJ revela que, pese a un aumento en los presupuestos de las secretarías de Seguridad y Defensa, la violencia, la impunidad y los compromisos incumplidos continúan siendo problemas graves en el país.
Tegucigalpa, Honduras.- A pesar del incremento de L 88,100 millones asignados entre 2022 y 2024 al sistema de defensa, seguridad y justicia, la situación de la seguridad y la justicia en Honduras sigue siendo una deuda pendiente. El informe Estado de país 2025: Seguridad y Justicia, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), resalta que, de los ocho compromisos principales del gobierno de Xiomara Castro en esta área, solo uno ha sido cumplido, mientras que cinco siguen sin cumplirse, incluidos la desmilitarización de la seguridad y el fortalecimiento del sistema judicial.
Aunque el presupuesto para las secretarías de Seguridad y Defensa ha aumentado en un 61% y un 18.7%, respectivamente, la criminalidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En 2024, la tasa de homicidios se redujo a 25 por cada 100,000 habitantes, pero sigue siendo la más alta de Centroamérica, mientras que la impunidad continúa siendo alarmante, con un 91% de los homicidios sin esclarecer. Además, las masacres y la violencia contra mujeres y niños siguen aumentando, lo que refleja la falta de avances sostenibles en la lucha contra la violencia.
El informe también señala que la extorsión sigue siendo una de las principales amenazas para las familias hondureñas, con un 11.6% de la población afectada en 2024. La implementación del estado de excepción ha generado más de 700 denuncias contra agentes del orden público, lo que ha generado preocupación por el impacto que esta medida tiene sobre la democracia y los derechos humanos. En el ámbito económico, el aumento del lavado de activos, con un 165% más de denuncias en 2024, también refleja la corrupción que persiste dentro del sistema.
Finalmente, la ASJ hace un llamado urgente al gobierno para cumplir con sus promesas en materia de seguridad y justicia, y propone sustituir el estado de excepción por una estrategia más integral y sostenible basada en inteligencia policial, fortalecimiento de las instituciones judiciales y una mayor inversión en la prevención del delito, para garantizar la protección de los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos.
