CNA denuncia que exdiputado Carlos Zelaya sigue cobrando su salario pese a renuncia
La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció este jueves que el exsecretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Zelaya, continúa recibiendo su salario a pesar de haber renunciado a su puesto en 2024. Castellanos calificó esta práctica como un claro desfalco a las finanzas públicas, ya que el exfuncionario sigue percibiendo su remuneración pese a no pertenecer al hemiciclo legislativo. «Es una práctica nociva que debe ser recordada en estas elecciones», expresó Castellanos, señalando que el caso de Zelaya no es aislado, sino parte de un patrón que afecta el manejo de los recursos del Estado.
El caso de Carlos Zelaya resalta debido a su renuncia tras la revelación de un polémico narcovideo en el que se le veía implicado, un escándalo que lo obligó a dejar su cargo. Sin embargo, a pesar de esta renuncia, sigue cobrando su salario, lo que ha generado indignación entre los ciudadanos y ha sido criticado por el CNA. Castellanos instó al Ministerio Público a recabar la información necesaria para presentar un requerimiento fiscal en su contra por este acto, que considera un abuso de los recursos públicos.
Además del caso de Zelaya, la presidenta del CNA señaló que existen otros exfuncionarios de diversos poderes del Estado que también siguen cobrando salarios, a pesar de haber sido separados de sus puestos. “Esta situación es grave y afecta las finanzas públicas. Debe ser tomada en cuenta por los votantes a la hora de ejercer su derecho al sufragio”, advirtió Castellanos. Aseguró que muchos de estos exfuncionarios continúan disfrutando de privilegios a costa del pueblo, lo cual agrava aún más la situación económica del país.
Finalmente, Gabriela Castellanos destacó que el CNA tiene información respaldada sobre varios casos similares, y que este tipo de actos deben ser recordados por los ciudadanos en las próximas elecciones. «Es una práctica que no se puede permitir», concluyó Castellanos, llamando a la ciudadanía a exigir transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado.
