Crisis electoral en Honduras: gobierno y Fuerzas Armadas se resguardan y culpabilizan al CNE
Mientras se acerca la declaratoria oficial de resultados, la confrontación entre la cúpula militar, el gobierno y el Consejo Nacional Electoral aumenta, con acusaciones cruzadas sobre el caos de las primarias del 9 de marzo.
Tegucigalpa, Honduras- A medida que se acerca la fecha límite para la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones primarias, el 8 de abril, Honduras vive una creciente tensión entre la cúpula militar, el gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras el caos que sacudió las primarias del 9 de marzo. Mientras las autoridades del CNE se enfocan en cumplir con el mandato legal, los sectores gubernamentales y castrenses se atrincheran y toman posiciones defensivas, mientras culpan al llamado bipartidismo por lo sucedido.
La figura del general Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, ha estado en el ojo del huracán luego de sus confrontaciones abiertas con el CNE, lo que ha dejado claro que las relaciones entre ambas instituciones no están en su mejor momento. Este fin de semana, la cúpula militar se reunió con oficiales de todas las ramas en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) para abordar la crisis interna y, en particular, lo ocurrido durante las elecciones primarias.
El informe que salió a la luz tras esa reunión es contundente en su acusación: las consejeras del CNE, Cossete López y Ana Paola Hall, son señaladas por presuntas “agresiones político-partidarias”. A través del documento, el alto mando castrense dejó claro que no asumirían responsabilidad alguna por el desastre que, según ellos, fue exclusivo del CNE. A pesar de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas de custodiar las urnas y garantizar la seguridad del material electoral, se deslindaron completamente de cualquier falla en el proceso, enfocando toda la culpa en el organismo electoral.
Además, la reunión militar, que se celebró con los oficiales vestidos con uniformes de combate, tenía un mensaje claro: reafirmar la unidad del cuerpo castrense y enviar una señal de fortaleza tanto al gobierno como a la sociedad civil. Sin embargo, las respuestas ofrecidas no aclararon las serias irregularidades de aquel día, cuando las maletas electorales fueron vistas vagando por las calles de Tegucigalpa sin resguardo adecuado. Las autoridades castrenses alegaron que los retrasos en la distribución de las maletas fueron la causa del caos, pero no explicaron por qué los plazos establecidos no se cumplieron.
Pese a la desorganización, el pueblo hondureño, con gran paciencia, acudió a votar hasta altas horas de la madrugada del 10 de marzo, lo que permitió que las elecciones se realizaran, aunque de manera tardía y con múltiples complicaciones. Sin embargo, el malestar popular fue evidente y se tradujo en una condena pública al proceso electoral, lo que dejó a los responsables del desastre ante un panorama de creciente descrédito.
Mientras tanto, desde el gobierno, las voces oficiales se han alineado con las Fuerzas Armadas. Se ha estrechado el vínculo entre la administración de Libre y la institución castrense, lo que ha alimentado las críticas de que no existe una clara separación entre los intereses gubernamentales y el cuerpo militar. A lo largo de estos días, se ha señalado a la oposición política como la principal responsable de las críticas al accionar de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad se está cuestionando la eficiencia del proceso electoral y la falta de transparencia.
El principal punto de unión entre el gobierno y los militares parece ser Rixi Moncada, ministra de Defensa y, al mismo tiempo, candidata presidencial del partido Libre. Moncada, quien ejerce un control cercano sobre el gabinete de seguridad, se ha convertido en un puente entre las dos partes, defendiendo a la cúpula castrense y colocando a la oposición en el centro de los ataques.
Con la atención centrada en los fallos de las elecciones primarias y las futuras disputas dentro de la política hondureña, la situación podría escalar aún más. Si la ciudadanía continúa percibiendo que las instituciones están fracasando en su misión, el clima de desconfianza podría afectar la legitimidad de las elecciones generales que se avecinan. Todo esto bajo la atenta mirada de una sociedad que, aunque paciente, no dejará de exigir respuestas claras.
