El Salvador recibe a presuntos miembros del Tren de Aragua deportados desde Estados Unidos
El gobierno de Nayib Bukele acepta encarcelar a 238 individuos deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, a pesar de una orden judicial en contra.
El Salvador- El Salvador ha recibido a 238 presuntos integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, deportados desde Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta medida se llevó a cabo a pesar de una orden judicial emitida por el juez federal James E. Boasberg, que bloqueaba temporalmente dichas deportaciones.
Los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó la llegada de los individuos y destacó la colaboración con Estados Unidos para mantener a estos acusados en las cárceles salvadoreñas a un costo justo, lo que, según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también ahorrará dinero a los contribuyentes estadounidenses.
La decisión de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para estas deportaciones ha generado controversia. Esta ley, que data de 1798, permite la detención y deportación de ciudadanos de naciones enemigas en tiempos de guerra sin necesidad de una audiencia previa. Su aplicación en este contexto ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y ha suscitado dudas legales sobre su pertinencia en la actualidad.
El Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela, conocida por actividades como el tráfico de drogas y personas. En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó a esta banda como una organización terrorista extranjera, lo que permitió la implementación de medidas más estrictas en su contra.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recibir a estos deportados es considerado «sin precedentes» en materia migratoria. Además de aceptar a miembros del Tren de Aragua, El Salvador también ha solicitado y recibido la extradición de líderes de la pandilla MS-13, reforzando su postura firme contra el crimen organizado en la región.
Sin embargo, la implementación de estas deportaciones ha sido objeto de críticas. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que demuestre que estas acciones no violaron la orden judicial emitida para bloquear temporalmente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros a ciertos venezolanos. La organización busca aclaraciones sobre los vuelos que pudieron haber ocurrido después de las órdenes del juez, cuestionando la legalidad de las acciones de la administración.
A pesar de las críticas y desafíos legales, la administración Trump ha defendido la legalidad de sus acciones y ha anunciado planes para vuelos adicionales de deportación. El debate sobre la aplicación de leyes antiguas en contextos modernos y la colaboración internacional en materia de seguridad continúa siendo un tema de discusión en la arena política y legal.
