La Casa Blanca rechaza acusaciones de desacato en deportaciones de venezolanos
La administración Trump defiende la legalidad de las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos, a pesar de una orden judicial en contra.
E.E.U.U- La Casa Blanca ha negado haber desobedecido la orden del juez federal James Boasberg, quien había instruido detener la deportación de migrantes venezolanos hacia El Salvador. La portavoz Karoline Leavitt afirmó que la administración actuó dentro del marco legal y que la orden judicial fue recibida cuando los vuelos ya estaban en curso.
El juez Boasberg emitió una orden temporal para suspender la aplicación de una ley del siglo XVIII a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua, una organización criminal acusada de delitos graves. Además, ordenó el retorno de dos vuelos que ya estaban en el aire con destino a El Salvador.
A pesar de la orden judicial, uno de los vuelos aterrizó en El Salvador antes de que la instrucción fuera emitida, transportando a 261 migrantes. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, compartió imágenes de la llegada de los deportados y destacó las medidas estrictas tomadas en su país contra ellos.
Leavitt subrayó que la orden judicial fue recibida después de que el vuelo abandonara el espacio aéreo estadounidense, por lo que no hubo desacato. Añadió que un solo juez no puede dirigir las decisiones de política exterior del presidente, defendiendo así la postura de la administración.
La decisión de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para estas deportaciones ha generado un debate legal sobre su aplicabilidad contra grupos como el Tren de Aragua y sus implicaciones en el contexto actual.
Organizaciones de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Fundación Democracy Forward, han solicitado aclaraciones al gobierno sobre las deportaciones realizadas pese a la orden judicial. Estas entidades buscan detalles sobre los vuelos que pudieron haber ocurrido después de las órdenes del juez, cuestionando la legalidad de las acciones de la administración.
La administración Trump sostiene que tiene la autoridad para proceder con las deportaciones y ha anunciado planes para vuelos adicionales. Mientras tanto, el debate legal continúa, y se espera que este asunto sea objeto de un análisis más profundo en los tribunales en las próximas semanas.
