El exgeneral ratifica su inocencia y advierte sobre el abuso de poder del actual gobierno en el marco de las acusaciones por el caso de Isis Obed Murillo
Tegucigalpa, Francisco Morazan .-. En una mañana que marcó un hito en la política hondureña, el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez fue capturado en la capital, Tegucigalpa, tras un requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público.
La acusación que pesa sobre él es la de homicidio en perjuicio de Isis Obed Murillo, quien perdió la vida en 2009 durante las manifestaciones en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, tras el golpe de Estado que derrocó al expresidente Manuel Zelaya. La misma acusación se extiende hacia otros dos altos mandos militares, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, quienes también enfrentan cargos de homicidio y lesiones graves.
La captura de Vásquez Velásquez ha generado un debate profundo sobre la justicia en Honduras y ha avivado las tensiones políticas en un año electoral, lo que ha alimentado la percepción de que esta acción podría estar más relacionada con una persecución política que con una búsqueda genuina de justicia. Antes de ser trasladado bajo fuerte resguardo policial hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, el general hizo un claro pronunciamiento en su cuenta de X, acusando al gobierno actual de usar la justicia como una herramienta de venganza. “El Gobierno Comunista me ha capturado injustamente. Soy víctima de persecución política y manipulación de poder”, escribió Vásquez Velásquez en su primer posteo.
Este mensaje fue respaldado por su hija, María Fernanda Vásquez, quien habló en medios de comunicación y expresó su indignación ante lo que consideró una venganza política orquestada por la familia Zelaya, refiriéndose a la figura del expresidente Manuel Zelaya, de quien su padre fue uno de los principales responsables del derrocamiento en 2009. María Fernanda relató que, aunque había sido advertida sobre el posible movimiento de las fuerzas de seguridad en su zona residencial, no imaginó que su padre sería arrestado tan pronto. A pesar de las amenazas previas que su familia había recibido, ella expresó confianza en que, al final del proceso, la verdad saldría a la luz.
La joven también criticó la forma en que el gobierno ha manejado el caso, señalando que, mientras su padre es arrestado en un proceso judicial lleno de contradicciones, muchos otros actores políticos y funcionarios cercanos al poder no enfrentan consecuencias por hechos igualmente graves. “Me parece que es una situación totalmente injusta. Y da la casualidad que este es un año electoral, van a por mi papá y, probablemente, por muchas otras personas más”, expresó María Fernanda, quien también pidió a la familia presidencial que prioricen los intereses del pueblo por encima de sus ambiciones personales.
Por su parte, el Partido Nacional de Honduras se pronunció en contra de lo que calificaron como una utilización política del sistema judicial. En un comunicado oficial, el partido pidió que no se utilice la institucionalidad del país para “venganza” y que la justicia actúe con imparcialidad y respeto al debido proceso. En su declaración, el Partido Nacional exigió que el Ministerio Público investigue todos los casos de violaciones de derechos humanos con la misma celeridad, independientemente de las posiciones políticas de los involucrados. Además, subrayaron que el pueblo hondureño no permitirá que las maniobras del gobierno actual interfieran en los procesos electorales, ya que consideran que estas acciones pueden deslegitimar las elecciones primarias que se celebrarán en los próximos meses.
En el comunicado, el Partido Nacional también remarcó que si se va a abrir un expediente judicial contra los actores políticos de 2009, se debe investigar no solo a los militares, sino también a aquellos que intentaron cambiar el sistema de gobierno de forma ilegal y destruyeron el orden constitucional, incluyendo el saqueo de las arcas del Estado, lo que desató la peor crisis política de la historia reciente del país. “No aceptaremos una justicia a la medida de una familia”, dijeron los nacionalistas, en clara referencia a la familia Zelaya.
A pesar de las tensiones políticas, el caso de Romeo Vásquez Velásquez ha puesto en el centro del debate la cuestión de la justicia imparcial en Honduras, especialmente en un contexto electoral tan crucial. El general, al ser trasladado hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, reiteró en sus declaraciones que no tiene responsabilidad en la muerte de Isis Obed Murillo y que el Ministerio Público no ha presentado pruebas sólidas que lo vinculen con el homicidio. Además, denunció que la fiscalía no ha sido capaz de esclarecer si fue un militar o un civil quien disparó contra Murillo en las protestas de 2009, apuntando a la falta de evidencia y a lo que considera una persecución política orquestada desde el poder.
Vásquez Velásquez, a pesar de su situación, hizo un llamado al pueblo hondureño para que no permita que el país se convierta en una dictadura. “Hoy nos toca a nosotros, y mañana les va a tocar a otros. No permitamos que esta gente que está en el poder siga violando la ley porque están abusando”, expresó con firmeza, dejando claro que no cedería ante lo que considera una persecución.
Junto a Vásquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez también enfrentan los mismos cargos, y todos ellos deben comparecer ante la justicia en los próximos días. La audiencia inicial está programada para el 10 de enero, y mientras tanto, el caso sigue atrayendo la atención del pueblo hondureño, que se enfrenta a un clima de creciente polarización política.
La captura de Romeo Vásquez Velásquez no solo es un hecho judicial relevante, sino que también marca un punto álgido en la lucha por la justicia y la democracia en Honduras, un país que sigue lidiando con los fantasmas del pasado y con la difícil tarea de construir un futuro sin que los intereses personales y partidarios interfieran en los procesos democráticos.
