Luis Fernando Padilla asume presidencia de la Sala Constitucional en medio de tensiones políticas
El magistrado inicia su mandato para el período 2025-2026, enfrentando presiones y amenazas de sectores oficialistas.
Tegucigalpa, Honduras- Este martes 22 de abril, Luis Fernando Padilla Castellanos asumió oficialmente la presidencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, para el período 2025-2026. Su nombramiento se produce en un contexto de tensiones políticas y denuncias de presiones por parte de sectores oficialistas.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializó la rotación en la Sala de lo Constitucional mediante el Oficio PCSJ No. 67-2025, en cumplimiento de la reforma al artículo 16 del Reglamento Interior aprobada en febrero de 2023, que eliminó el criterio de precedencia para asignar las coordinaciones de sala
Padilla, quien anteriormente había expresado su desacuerdo con la derogación del principio de precedencia, ahora asume la coordinación de la Sala, sucediendo al magistrado Wagner Vallecillo. Su mandato se extenderá por un año, hasta abril de 2026, cuando será relevado por la magistrada Francisca Villela, según el nuevo esquema de rotación
En declaraciones a medios de comunicación, Padilla afirmó que no cederá ante las presiones y amenazas que, según denuncias de la oposición, provienen de sectores afines al oficialismo. «Dios tiene el control y el pleno es la máxima autoridad», expresó, reiterando su compromiso con la independencia judicial.
La oposición política ha denunciado que se estarían promoviendo acciones para evitar que Padilla asuma la presidencia de la Sala, incluyendo la posible presentación de un requerimiento fiscal en su contra
La Sala de lo Constitucional, integrada por cinco magistrados, tiene previsto abordar en los próximos días asuntos administrativos y casos pendientes relacionados con recursos de inconstitucionalidad presentados contra leyes y decretos
La asunción de Padilla a la presidencia de la Sala de lo Constitucional se da en un momento crucial para el sistema judicial hondureño, en el que se debate la necesidad de fortalecer la independencia de los poderes del Estado y garantizar la imparcialidad en la administración de justicia.
